• Los principales agentes del sector de la vivienda en la Comunidad de Madrid valoran muy positivamente la modificación de la Ley de Suelo de la CAM que actualiza y moderniza los trámites para la obtención de LPO para reducir los pazos de concesión de este tipo de licencias.
CONCOVI ha participado este jueves dos de julio en un evento virtual organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), que ha contado con la participación del Director General de Urbanismo, Raimundo Herráiz, así como el director de Servicios Jurídicos del Colegio de Aparejadores de Madrid, Jorge Heras de los Ríos, el presidente de AGV, José Luis Granjera, la directora general de ASVAL, Beatriz Toribio, y el socio responsable de Urbanismo de Uría Menéndez, Antonio Gómez Cid.
En la jornada se ha abordado la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que todos los presentes han valorado muy positivamente, calificándola de muy esperada y necesaria. La modificación de esta Ley contempla una actualización y modernización de los trámites inmobiliarios que busca evitar retrasos en la concesión de licencias de primera ocupación y que supone uno de los primeros escollos para agilizar y dinamizar el sector. Concretamente, recoge la reducción de los plazos para la obtención de LPO mediante la Declaración Responsable, uno de los aspectos más demandados tanto por CONCOVI, como por ASPRIMA, así como por los principales agentes del sector.
El presidente de CONCOVI, Juan Casares, considera que la modificación de la Ley es una “demostración de la necesidad de actualizar y modernizar la antigua ley, que ya se encontraba obsoleta y provocaba un gran coste económico al sector y a los ciudadanos”. Además, ha señalado que es necesario tramitar una nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid que no solo contemple la reducción de los plazos en los trámites de la obtención de licencias de primera ocupación, sino que “es una pena que se hayan quedado en el tintero asuntos tan importantes como los que atañen a los Suelos Demaniales y su resolución para que pasen a ser patrimoniales y puedan cumplir con un objeto social al permitir su desarrollo para un proyecto de vivienda con algún tipo de protección exclusivamente, o solucionar el problema de los suelos industriales que se han quedado obsoletos, frenando el desarrollo del ámbito en el que se ubican, cuando debería contemplarse una fórmula para justificar su cambio de uso a terciario comercial y de esta manera potenciar su uso”, ha asegurado Casares.
Asimismo, ha recordado que hay que ir más allá de las LPO y abordar también la problemática para la obtención de Licencias de Obra Mayor. “Tanto en el sector de inmobiliario como en el Sector de Economía Social en materia de vivienda, en el que se enmarcan las cooperativas, cualquier impacto económico que sufra el proyecto en su puesta en marcha debido a este tipo de retrasos, puede suponer y muchas veces supone el siniestro de un proyecto”, ha señalado Casares. Por eso CONCOVI, en su “Propuesta de Medidas Tendentes a la recuperación y Reactivación de la Economia Social tras el Impacto Económico y Social del COVID-19”, recoge específicamente en su punto 7.C, Eficiencia Documental del Proyecto Arquitectónico, la implantación de una Ficha Básica del Proyecto, a modo de ficha estandarizada con toda la documentación necesaria para la obtención de una licencia de obras, sin que ello suponga un mayor esfuerzo para el redactor del proyecto ni una pérdida de calidad del mismo, a modo de resumen ejecutivo de la documentación del Proyecto Básico, de manera que con dicha Ficha Básica fuese la única documentación que tendrá que examinar el técnico municipal a la hora de informar el proyecto para la concesión de la licencia de obras. Una medida que ha quedado asimismo recogida expresamente y tal y como se ha planteado, en el nuevo Pacto Regional por la Vivienda que la Comunidad de Madrid, CONCOVI y los principales agentes del sector firmaron el pasado 29 de junio.
Por su parte tal y como informa ASPRIMA, su presidente, Juan Antonio Gómez Pintado, ha recalcado que la aprobación de la modificación de Ley del Suelo es una reivindicación histórica del sector, que debe poner fin al retraso en la concesión de licencias de primera ocupación por su alto coste tanto para los clientes como para la Administración. Gómez-Pintado ha puesto como ejemplo a la propia Comunidad de Madrid, cuyo retraso medio en la concesión de LPO, de entre tres y cuatro meses, tiene un coste anal en las arcas de la Comunidad de 203 millones de euros y otros 10 millones de euros para el Ayuntamiento de Madrid. Además, también ha hecho hincapié en la necesidad de agilizar todos los trámites administrativos asociados a la construcción y promoción, y ha afirmado que “nuestro sector es una palanca clave para retomar la actividad económica, pero necesita una serie de medidas como la actual modificación de la Ley del Suelo para lograrlo”, tal y como recoge ASPRIMA en su comunicado.
El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid indicó que “la modificación de la ley se estima que será aprobada en el primer pleno de la Asamblea de la Comunidad tras el periodo vacacional. Además, desde la Comunidad de Madrid ya estamos trabajando en una nueva Ley de Suelo integral que será corta, flexible y liberalizadora, y que queremos aprobar a lo largo de la presente legislatura”.
Fuente: CONCOVI